AeroCaribe y familias de víctimas elevan su voz contra Aviación Civil por fatal accidente en Escazú
Tragedia paso año anterior
AeroCaribe y familias de víctimas elevan su voz contra Aviación Civil por fatal accidente en Escazú
La tragedia que enlutó los cielos de Escazú el pasado noviembre, cuando una avioneta cobró la vida de cinco de sus seis ocupantes, ha escalado a una confrontación legal. AeroCaribe Air Charter, la empresa propietaria de la aeronave matrícula TI-GER, ha interpuesto una formal denuncia por homicidio culposo contra varios funcionarios de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), quienes estaban a cargo del control de vuelo de la aeronave siniestrada cerca del cerro Pico Blanco.
La confirmación de esta acción legal, presentada el 20 de marzo ante la Fiscalía de Pavas, llega tras meses de la investigación del accidente ocurrido el lunes 25 de noviembre. Según la compañía, el siniestro del Cessna 206 Stationair, que regresaba de Barra del Tortuguero en Limón con destino al aeropuerto Tobías Bolaños en Pavas (que se encontraba cerrado por condiciones climáticas adversas), se debió en parte a «fallas en la gestión del espacio aéreo y en los protocolos de atención de emergencia».
El documento de la denuncia, firmado por el abogado penalista Federico Campos Calderón en representación de AeroCaribe, busca «sentar responsabilidades penales y civiles contra quienes tuvieron a cargo el manejo del centro de control del radar que pertenece a la Dirección de Aviación Civil, por incurrir en acciones y omisiones que conllevaron al desastre aéreo que causó la muerte de varias personas».
En la denuncia se especifica que los funcionarios de la DGAC responsables del Control de Tránsito Aéreo «faltaron al deber de cuidado al girar las instrucciones al piloto de la aeronave a control por instrumentos IFR (Instrument Flight Rules)». La parte acusadora alega que el control aéreo disponía del apoyo del radar, el cual indicaba los obstáculos y las alturas mínimas seguras en esa zona montañosa, donde «se debía prever una altitud mínima de 10.000 pies para ese sector, tal como lo indica el mapa de vectores oficial». Sin embargo, las instrucciones proporcionadas al piloto le ordenaron mantener la aeronave a 6,500 pies, momento en que ocurrió el fatal percance.
Junto a AeroCaribe Air Charter, la denuncia cuenta con el respaldo de las familias de tres de las víctimas: el piloto Mario Miranda Ramírez (de 40 años e hijo de otro piloto fallecido en un accidente aéreo en el año 2000, quien luchó por seguir los pasos de su padre), la copiloto Ruth García Chavarría (de 26 años, una joven con una clara vocación por la aviación y dominio del inglés) y el pasajero Enrique Arturo Castillo Incera (de 56 años, empresario y entusiasta del mountain bike).
En el trágico suceso también perdieron la vida los pasajeros Jean Franco Segura Prendas (de 28 años, apasionado por el turismo y la conservación, para quien este era su primer vuelo en avioneta) y Gabriela López Calleja Montealegre (de 64 años, directora de la Fundación Horizontes). La única sobreviviente fue Paola de los Ángeles Amador Segura (de 31 años), quien requirió hospitalización durante varias semanas.
El abogado Federico Campos Calderón, quien asumió la representación legal de los familiares de varias víctimas y de la empresa aérea, declaró que buscan que «se responsabilice por el delito de Homicidio Culposo en razón de la muerte de sus parientes y se les indemnice por los daños y perjuicios causados». AeroCaribe ha preferido no revelar los nombres de las personas denunciadas en el documento.
Al ser consultado, el Subdirector General de Aviación Civil, Luis Miranda Muñoz, manifestó no tener conocimiento formal de la denuncia y señaló que no podía emitir criterio alguno sobre el accidente, ya que «se encuentra en investigación». No obstante, la denuncia ya había sido presentada en la Fiscalía de Pavas desde el 20 de marzo.
El fatídico vuelo del lunes 25 de noviembre se originó en Barra del Tortuguero en horas de la mañana, transportando a seis costarricenses. Aproximadamente a las 12:30 p. m., cuando la aeronave se aproximaba a su destino, se perdió contacto con el TI-GER mientras sobrevolaba los cerros de Escazú bajo una densa nubosidad.
En su momento, Luis Miranda Muñoz explicó que el plan de vuelo original era hacia el aeropuerto Tobías Bolaños, pero debido a la baja visibilidad y el cierre de la terminal, la avioneta se desvió hacia el aeropuerto Juan Santamaría, llegando a ingresar brevemente a su espacio aéreo antes de desaparecer del radar.
La operación de búsqueda se activó con la colaboración de aeronaves privadas, incluyendo una Piper Seneca TI-BBS también de AeroCaribe y una Piper Arrow TI-AMZ de CarmonAir. Fue esta última, pilotada por el capitán Everardo Carmona, la que avistó el fuselaje dañado alrededor de las 2:00 p. m., a unos 7.000 pies de altura. Horas más tarde, tras una búsqueda aérea coordinada, la avioneta fue localizada en una ladera empinada cerca de Pico Blanco, entre los cerros Cedral y Rabo de Mico, a más de 2.100 metros de altitud.
Este nuevo giro en la investigación busca arrojar luz sobre las circunstancias que rodearon el trágico accidente y determinar si existió negligencia por parte de las autoridades de aviación civil.
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