Abogado presenta solicitud de medidas cautelares ante la CIDH por violaciones al principio de inocencia

El abogado Joseph Rivera Cheves ha solicitado formalmente medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en defensa de tres costarricenses, quienes enfrentan cargos relacionados con la Ley de Legitimación de Capitales. Rivera denuncia que sus representados han sido objeto de amenazas de muerte tras comentarios del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, en diversas conferencias de prensa.

El caso, registrado bajo el expediente penal N°: 18-000092-1219-PE, sigue su curso en el Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José, sin que aún se haya realizado la audiencia preliminar. A pesar de ello, el mandatario ha declarado públicamente que los imputados son «delincuentes peligrosos» y ha incitado a la población a actuar en su contra, utilizando expresiones como «compatriotas, llegó la hora», que han sido interpretadas como un llamado al linchamiento.

Violaciones al principio de inocencia
El abogado Rivera ha subrayado en su petición que las declaraciones de Chaves Robles violan gravemente el principio de inocencia, establecido tanto en la Constitución Política de Costa Rica como en el derecho internacional. Según Rivera, el presidente no solo ha adelantado un criterio de culpabilidad, sino que ha exacerbado la percepción pública en contra de los imputados, comprometiendo no solo su seguridad, sino también el debido proceso judicial.

Rivera Cheves destacó que la situación se agrava aún más porque sus defendidos se encuentran en una posición de vulnerabilidad, dado que el caso no ha llegado a juicio y, según un dictamen psicológico forense, se ha confirmado el impacto emocional y psicológico que estas acusaciones han generado en los imputados, especialmente en una de las personas implicadas, quien reside en una provincia costera, lejos de los principales centros de poder judicial.

Incitación al odio y amenazas de muerte
Las declaraciones de Chaves Robles han resultado en una serie de amenazas de muerte dirigidas tanto a los imputados como a sus familias. Rivera Cheves detalló que esta situación ha generado un ambiente de hostilidad en la comunidad de los imputados, poniendo en peligro su integridad física. «El presidente ha manipulado a la opinión pública y, con ello, ha puesto en riesgo la vida de mis representados», afirmó el abogado.

En su intervención, el abogado también hizo énfasis en que las acusaciones presidenciales no están respaldadas por el proceso judicial en curso, ya que ni siquiera se ha realizado una valoración exhaustiva de las pruebas en las etapas iniciales del caso. Rivera Cheves argumenta que las declaraciones del presidente influyen negativamente en la percepción del tribunal y en la imparcialidad del proceso, comprometiendo el derecho a un juicio justo.

Conclusión:
El caso que se tramita en Costa Rica, que aún no ha llegado a juicio, ha sido objeto de una exposición mediática innecesaria e irresponsable, según la defensa de los imputados. Rivera Cheves espera que la CIDH actúe de manera rápida y conceda las medidas cautelares para proteger la integridad de sus clientes, a la espera de un juicio imparcial y justo que respete los principios del derecho y la presunción de inocencia.

La intervención del presidente Chaves Robles ha creado una situación de inestabilidad para los implicados, que no solo enfrentan el peso del proceso judicial, sino también el peligro constante de represalias violentas por parte de la población.

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