JUSTICIA PRONTA Y CUMPLIDA: UNA UTOPÍA PARA LAS FAMILIAS COSTARRICENSES

JUSTICIA PRONTA Y CUMPLIDA: UNA UTOPÍA PARA LAS FAMILIAS COSTARRICENSES

EDITORIAL

Han pasado décadas desde que el Poder Judicial y algunos jueces longevos se jactaban de que la Corte y los Juzgados eran la última panacea del mundo o, en otras palabras, la edad de ORO del sistema judicial costarricense. Sin embargo, esos “jueces de oro” no se percataban de que los delitos que se gestaban en los años 80 y 90 eran muy distintos de la realidad nacional que vivimos hoy en día. Retomemos, por ejemplo, algunos delitos de la “edad de oro”: homicidios sin luminol, violaciones, asaltos en la vía pública, cadenazos en el parque central. Esos eran los grandes avances del sistema penal para perseguir esos delitos en la época, con poco personal y muchas veces personal sin capacitación en delitos varios, que no generaban mayor trascendencia en la parte científica.

La mayoría de las investigaciones eran empíricas.

Sin embargo, a partir de los primeros años del siglo 21, se dio un giro radical en la delincuencia, y los delincuentes empezaron a desarrollar conciencia forense (algunos funcionarios judiciales no saben qué es eso o cómo se diluye en su conocimiento) en las acciones delictivas y la forma de ejecutar esos delitos.

Por ejemplo, con la llegada de la era digital (la quinta revolución industrial), los delincuentes se empezaron a profesionalizar en diferentes ramas de las ciencias contables y forenses, como los delitos económicos, delitos financieros y tributarios, delitos sexuales como el ciberacoso sexual de menores, child grooming o acoso sexual de menores por internet, las estafas informáticas, los delitos de extorsión simple y extorsión agravada cuando existen redes sociales de por medio para que las conductas se agraven, la pornografía infantil, el cibercrimen, los delitos funcionales, el crimen organizado transnacional, los delitos con bitcoin, entre otros.

A raíz de esa proliferación delictual, la policía tuvo que profesionalizarse para combatir el crimen. Sin embargo, el Estado costarricense y otras instituciones han puesto tope a los incentivos salariales de algunos funcionarios que realizan este arduo trabajo científico y técnico, lo que ha puesto en riesgo a la Justicia, que es el pilar fundamental de la democracia junto con la educación pública, la cual es un bastión importantísimo en el desarrollo de la sociedad costarricense. Por ejemplo, muchos funcionarios judiciales capacitados por el Gobierno de los Estados Unidos de América hacen un esfuerzo incansable para capacitar a los funcionarios públicos de Costa Rica, para que luego el funcionario público reciba un salario de mil a dos mil dólares al mes, generando estrés debido a que estos funcionarios judiciales arriesgan su vida por un salario de hambre.

Esto genera que los procesos judiciales se entraben, se estanquen y muchas veces queden en el olvido judicial. Los abogados litigantes presentan muchas veces escritos solicitando la frase trillada de la Constitución Política, «…de conformidad con el artículo 174 del Código Procesal Penal y 41 de la Constitución Política, presento queja por retardo de justicia, con la finalidad de que se me brinde respuesta a la última diligencia…» y al final lo que contesta la institución es algo terrible. Después de seis o siete años de investigación, las Salas de la Corte Suprema de Justicia contestan, “donde solicita a esta Sala ‘Pronto Despacho’ del conflicto de competencia incoado, se toma nota de la gestión de conformidad con lo dispuesto por el numeral 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y se hace saber que el proceso se encuentra en trámite y atenderá en el menor plazo posible según el orden que corresponda, partiendo del principio de ‘primero en tiempo, primero en derecho’ así como las políticas institucionales de ‘Acceso a la Justicia de las Personas en Vulnerabilidad’. Notifíquese”.

Una paradoja de primero en la fila. Es lamentable que por falta de planificación financiera no se contrate más personal en los despachos judiciales para sacar adelante la mora judicial (algunos jueces y juezas comentan que no hay dinero para sustituciones ni vacaciones) que tanto afecta a los costarricenses. Los mismos jueces de hace dos o tres décadas son los mismos que resuelven los procesos de la edad de oro. Es el momento de romper de una vez por todas ese nudo gordiano para que vengan jueces y juezas jóvenes, capacitados por los jueces de oro, para que el Poder Judicial salga adelante y las familias puedan tener justicia pronta y cumplida en una sociedad que cada día está más convulsa.

La dama de la justicia está fatigada de tanto adulto mayor con ideas y pensamientos añejos en el sistema judicial que pide a gritos un sistema judicial novedoso y con gente joven y con nuevos bríos. Dejemos que el sistema judicial se diversifique, que la carrera judicial sea permeada con personas jóvenes que quieran trabajar y sean bien incentivadas por el Estado para un trabajo de calidad y que se cumplan los parámetros de eficiencia y eficacia que tanto hablan los economistas y administradores del sistema judicial costarricense.