Licenciado viajó hasta los Estados Unidos a interponer las denuncias.
El Estado costarricense suma tres denuncias en su contra por pasarles por encima a los derechos humanos de personas que han sido procesadas por crimen organizado en tribunales de justicia de Costa Rica.
El máster en Derecho Penal Joseph Alfonso Rivera Cheves presentó personalmente el tercer caso de esta naturaleza a su cargo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la ciudad de Washington D. C., capital de Estados Unidos.
Entrevista al Licenciado en el siguiente enlace:
¿En qué consiste la acción? Con la entrada en vigencia de los cambios en la ley de Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica, en junio del 2023, se atropellan derechos fundamentales de personas que enfrentan procesos bajo el término de «crimen organizado».
Entre las ilegalidades que se están cometiendo desde la administración de justicia figuran los plazos ampliados de prisiones preventivas que se aplican a quienes permanecen recluidos.
Pero lo más relevante es que se rigen por dicha norma de forma arbitraria, aún y cuando un caso se comenzó a investigar bajo una ley diferente y ahora, sin explicación alguna, se incorpora a la Jurisdicción Especializada, es decir, de forma retroactiva en perjuicio del imputado, algo que es absolutamente ilegal y que violenta los derechos humanos de las personas.
¿Por qué acudir a la CIDH? El Poder Judicial, en Costa Rica, ha mostrado una resistencia absoluta en emitir criterio, en cualquiera de sus instancias, sobre este atropello a los derechos fundamentales de estas personas.
Es por esa razón que el máster Rivera Chaves preparó esta denuncia formal y la presentó ante la CIDH, un órgano autónomo que se caracteriza por la objetividad de sus resoluciones.
«Hay tres personas privadas de libertad en Costa Rica, en una de las cárceles más peligrosas de Latinoamérica, donde lamentablemente se les han violentado sus derechos humanos.
«En las administraciones de los expresidentes Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado se creó una ley de crimen organizado y unos artículos estaban derogados. Propiamente, los artículos 2, 3, 6 (excepto el inciso d), 7 y 9 de la ley 8754.
«Lamentablemente, los jueces de la República de Costa Rica están aplicando estas normas derogadas y están prorrogando la prisión preventiva por más de dos años, eso es violatorio de los derechos humanos», explicó el máster Rivera Chaves.
Nuestro medio meses atrás le dio cobertura a este tema en el plenario legislativo,donde en su momento la diputada Carolina Delgado advirtió de las demandas que se le vendrían enzima a Costa Rica.