El cuestionado proyecto de ley que reforma la Ley de Delincuencia Organizada sería
inconstitucional y además generaría gastos al Estado.
Carolina Delgado, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), al referirse al expediente
23.090, el cual reforma la Ley de Delincuencia Organizada para fortalecer los tribunales
especializados que investigan delitos relacionados con bandas criminales.
La iniciativa plantea que cualquier caso de crimen organizado se debe discutir en la jurisdicción
ordinaria, es decir, en trámites sencillos.
Otro punto por considerar en la propuesta, por la que presionan el gobierno y varias bancadas,
es la ampliación de plazos de tramitación en casos de indagaciones judiciales, así como plazos
de prisión preventiva para sospechosos.
Cualquier delito cometido por bandas criminales sería de acción pública, de manera que las
autoridades podrían actuar de oficio en estos hechos.
Sin embargo, Delgado le ha presentado más de 500 mociones al texto de ley y considera que no
resuelve en lo absoluto la crisis de inseguridad que atraviesa el país.
“Yo no estoy bloqueando ningún proyecto de ley (…) Uno empieza a preguntarse ¿qué pasa?,
¿por qué no lo quieren ver? Yo estoy clara en que el proyecto es inconstitucional.
Nosotros no podemos crear una norma que sea retroactiva que afecte los derechos
individuales de las personas, mucho menos pensando en el derecho penal.
Esa norma trae una redacción que permite de alguna manera hacer retroactivo todo lo que
sucedió de 2019 a la fecha.
Es decir, desde que se derogó el artículo 2 de la Ley de Crimen Organizado se ha venido
ejecutando jurisdicción de crimen organizado fuera de todo trámite porque el artículo ya estaba
derogado”, declaró la verdiblanca.
De acuerdo con la liberacionista, dicha norma incrementaría los costos para el Poder Judicial.
¿Para qué vamos a gastar ¢15.000 millones, ¢20.000 millones o ¢30.000 millones para
establecer una jurisdicción especializada que solo va a ver ese tipo de casos?
Más grave aún es que los jueces de la vía ordinaria van a seguir ganando lo que están
percibiendo hasta ahora y los de la vía extraordinaria van a tener mayores privilegios. Yo no
estoy de acuerdo.
Aquí o llevamos todo a jurisdicciones especializadas, o lo dejamos si sigue funcionando.
Si funciona, ¿por qué no lo seguimos en la vía ordinaria, que es algo que se venía haciendo”,
comentó.
Nota Siguiente de Diario Extra sobre el tema:
Un polémico proyecto de ley que reforma la Ley de Delincuencia Organizada sería inconstitucional Y, además, generaría gastos al Estado.
Así lo aseguró Carolina Delgado, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), al referirse al
expediente 23.090, el cual reforma la Ley de Delincuencia Organizada para fortalecer los tribunales
especializados que investigan delitos relacionados con bandas criminales.
La iniciativa plantea que cualquier caso de crimen organizado se debe discutir en la jurisdicción
ordinaria, es decir, en trámites sencillos.
Otro punto por considerar en la propuesta, por la que presionan el gobierno y varias bancadas, es la ampliación de plazos de tramitación en casos de indagaciones judiciales, así como plazos de prisión preventiva para sospechosos.
Cualquier delito cometido por bandas criminales sería de acción pública, de manera que las autoridades podrían actuar de oficio en estos hechos.
Sin embargo, Delgado le ha presentado más de 500 mociones al texto de ley y considera que no
resuelve en lo absoluto la crisis de inseguridad que atraviesa el país.
“Yo no estoy bloqueando ningún proyecto de ley (…) Uno empieza a preguntarse ¿qué pasa?, ¿por
qué no lo quieren ver? Yo estoy clara en que el proyecto es inconstitucional.
Nosotros no podemos crear una norma que sea retroactiva que afecte los derechos individuales de las personas, mucho menos pensando en el derecho penal.
Esa norma trae una redacción que permite de alguna manera hacer retroactivo todo lo que sucedió de 2019 a la fecha.
Es decir, desde que se derogó el artículo 2 de la Ley de Crimen Organizado se ha venido ejecutando jurisdicción de crimen organizado fuera de todo trámite porque el artículo ya estaba derogado”, declaró la verdiblanca.
“En los términos más simples, se pretende aplicar una ley de 2019 que ya no está vigente.
Ese año se derogaron varios artículos de la Ley de Crimen Organizado y hay uno en particular que le permite al juez ampliar los plazos de prisión preventiva, que se hagan escuchas telefónicas. Se ha venido aplicando una ley que no existe. Se quiere hacer un transitorio para que eso se extienda y que no se reconozca la derogatoria del artículo 2”, añadió.
Otro punto que señala Delgado es que, en caso de que avance la normativa, se crearían jurisdicciones
especializada cuando el mismo proyecto de ley plantea que los casos de crimen organizado se van a tratar por la vía ordinaria.
De acuerdo con la liberacionista, dicha norma incrementaría los costos para el Poder Judicial.
¿Para qué vamos a gastar ¢15.000 millones, ¢20.000 millones o ¢30.000 millones para establecer una jurisdicción especializada que solo va a ver ese tipo de casos?
Más grave aún es que los jueces de la vía ordinaria van a seguir ganando lo que están percibiendo
hasta ahora y los de la vía extraordinaria van a tener mayores privilegios. Yo no estoy de acuerdo.
Aquí o llevamos todo a jurisdicciones especializadas, o lo dejamos si sigue funcionando.
Si funciona, ¿por qué no lo seguimos en la vía ordinaria, que es algo que se venía haciendo”, comentó