De no aplicar los cambios se corre el riesgo de aumento en el costo del
proyecto, tarifas de peaje y plazos mayores para la ejecución de las obras.
Tras seis años de haber iniciado el contrato entre el Gobierno de la República y el Fideicomiso
del BCR, para la construcción de la nueva carretera entre San José y San Ramón, el Consejo
Nacional de Vialidad (CONAVI), busca la firma de una adenda con la que se puedan incorporar
multas por incumplimientos y darle un giro al modelo de gestión que se ha aplicado hasta la
fecha.
Y es que, para la Administración, el Fiduciario (BCR), en su rol de estructurador, no ha logrado
conseguir los recursos necesarios para desarrollar el proyecto integral, al tiempo que han
presentado una serie de debilidades como Unidad Administradora del Proyecto (UAP).
El ingeniero Pablo Camacho, Gerente de la Unidad Ejecutora San José- San Ramón, explicó que
ante estas deficiencias detectadas es que se busca establecer multas por incumplimientos y darle
un nuevo rumbo al modelo de gestión que proporcione los recursos y mecanismos que dinamicen
el proyecto y que permita atender los requerimientos de funcionalidad, calidad y seguridad.
Agregó que para la Administración es de vital importancia que se realicen los anteproyectos,
diseños y construcción de las obras en apego a la Ley 9292, la normativa aplicable y las buenas
prácticas constructivas, para evitar de esta manera desviaciones económicas en la fase de
ejecución del proyecto, situación que ya ha sido advertida a la UAP.
De esta manera se busca minimizar los riesgos que se puedan generar producto de las
debilidades que se presentan, en caso no atenderse en las etapas tempranas del proyecto.
Camacho explicó que una de las consecuencias de no aplicar los cambios que se requieren sería
un aumento en el costo del proyecto, lo que llevaría a incremento en las tarifas de peaje y plazos
mayores para la ejecución de las obras, cuando lo que se busca es dotar a los vecinos de
occidente y usuarios de la vía en general, de una carretera que responda a las necesidades
viales en términos de movilidad, seguridad, calidad y precio a lo largo del tiempo.
Reiteradas observaciones
Camacho añadió que las primeras advertencias para la UAP-BCR se emitieron desde el CONAVI
en el año 2019, muchas de estas discrepancias aún se mantienen, tal es el caso de las mejoras
que requiere la OBI del Peaje de Río Segundo, correspondiente al Lote 2B, donde se detectó un
traslape crítico de la solución propuesta y el derecho de vía del tren, que en caso de mantenerse
implicaría serios riesgos para la seguridad de los usuarios, tanto de la ruta como del tren.
En relación a la aprobación de los estudios de factibilidad técnica, ambiental, social, económica
y financiera del proyecto integral, Camacho agregó que la revisión minuciosa realizada por
personeros de la Unidad Ejecutora, arrojó la emisión de 435 observaciones que se deben de
corregir en aspectos como seguridad vial, funcionalidad, niveles de servicio, diseño geométrico,
pavimentos, drenajes, riesgos de geotécnica, suelos y estructuras; también observaciones en el
campo socioeconómico y la evaluación financiera, entre otros.
Para Camacho, algunos de estos aspectos se consideran críticos y pueden afectar tanto el
alcance como el costo, funcionalidad y seguridad de los usuarios, en caso de no corregirse en
las etapas del anteproyecto, se materializarían en el diseño, construcción y operación de la obra,
significando un aumento de los costos del proyecto.
La Administración por su parte, está analizando actualmente distintas opciones para determinar
los pasos a seguir, pues no se ha considerado pertinente aprobar el anteproyecto, ante las
debilidades detectadas en el mismo.
Para el MOPT-CONAVI es de vital importancia lograr un acuerdo con el Banco de Costa Rica
que se materialice con la firma de la Adenda y que permita seguir avanzando con este importante
proyecto.