Presidente rechaza alegaciones en recurso de Amparo de Grupo Nación

Este jueves 4 de agosto la Presidencia de la República recibió la notificación de un
Recurso de Amparo que presentó el Grupo Nación el pasado 29 de julio del 2022 por
cese temporal al permiso de funcionamiento del Parque Viva. Los argumentos
presentados por La Nación son absurdos y alejados de la realidad.
En el recurso, utilizan argumentos incoherentes con los que La Nación disfraza la
violación al Derecho a la Salud Pública como una defensa a la libertad de prensa.
Los alegatos mencionan que el flujo de caja del Parque Viva paga los salarios de los
periodistas del Periódico La Nación. Por tanto, justifican que el levantamiento
temporal del permiso de funcionamiento es un atentado contra la libertad de prensa.
Este argumento es absurdo ya que, si esta agrupación tuviera actividades criminales
para pagar el salario de sus periodistas, el Gobierno no podría hacer cumplir la ley
porque, bajo la extraña lógica de La Nación, sería un ataque a la libertad de prensa.
El Gobierno de la República presentó el 13 de julio de 2022 la evidencia por la que tuvo
la obligación de cerrar dicho parque. Además, el Presidente en la conferencia de
prensa del pasado miércoles 3 de agosto, expuso el informe del Instituto Nacional de
Vivienda y Urbanismo (INVU), el cual revela que los permisos de construcción y
operación obtenidos por Grupo Nación tienen anomalías e irregularidades con
respecto al marco jurídico.
El pasado 12 de julio el Colegio de Periodistas de Costa Rica se pronunció indicando
que el cumplimiento de la Ley con respecto a la situación sanitaria del Parque Viva no
es una amenaza, ni atenta contra la libertad de prensa.
Tanto la Presidencia de la República, como las instituciones del Estado están
conscientes del papel fundamental que juegan los medios de comunicación, por lo que
reiteran el compromiso con la libertad de prensa y de expresión, sin embargo, esas
libertades no implican permitir ilegalidad de parte de quien tenga un medio de
comunicación.
“Respetuosos de la independencia que gozan las señoras y señores magistrados de la
Sala Constitucional, confiamos en que este asunto se resolverá de la manera
adecuada, y que los intereses de la población prevalezcan sobre los de un grupo de
poder económico,” finalizó el presidente Chaves Robles.